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Instituciones, actores y procesos políticos

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Existe un amplio consenso en torno a que las instituciones tienen una incidencia directa en los productos de la actividad política, sin por ello caer en el reduccionismo de pensar que el funcionamiento óptimo del sistema político depende únicamente de la presencia de un conjunto determinado de ellas.

En Governeo creemos en el papel central de las instituciones en los planos político, social y económico, así como también en la importancia que tienen las relaciones que existen entre las instituciones y sus miembros, que no es unívoca ni unidireccional. Si bien las reglas e incentivos delimitan las posibilidades de acción de los actores políticos, son ellos los que operan en la selección de un diseño institucional determinado.

No podemos ignorar que la realidad actual nos ofrece un contexto propicio para comenzar a repensar y consolidar un nuevo esquema institucional orientado al desarrollo, que no sólo garantice la eficiente prestación de bienes y servicios y la óptima regulación de las relaciones jurídicas entre actores sociales, sino que además se involucre activamente en el esfuerzo permanente de nivelar y equilibrar las fallas del mercado, reduciendo las inequidades y brechas sociales existentes, y garantizando la real igualdad de oportunidades.

Por otra parte, la formulación de políticas públicas enfrenta, cada vez con mayor frecuencia, la necesidad de definir y resolver problemas transversales y multidimensionales, que implican atravesar los límites funcionales de las estructuras tradicionales del Estado, debiendo necesariamente poner en marcha la acción conjunta de varios organismos y dependencias.

Desde Governeo entendemos que, para garantizar el papel central de las políticas públicas y alcanzar el desarrollo, debemos contribuir a la consolidación de un Estado cuya estructura y funcionamiento acompañen ese proceso.

Por ello, llevamos adelante análisis, estudios y acciones vinculadas con

  • Diseño y Organización Institucional
  • Centro de Gobierno
  • Transiciones
  • Elecciones, Sistemas Electorales y Partidos Políticos

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A lo largo del siglo XX se han delineado diversas teorías acerca de los esquemas de organización institucional que debería adoptar el Estado en América Latina y Argentina, en su mayoría originadas en corrientes de pensamiento surgidas y concebidas en países de Europa Occidental y/o de América del Norte.

Así fue entonces que en los años cincuenta y sesenta se buscó implantar una importante reforma administrativa que contribuyera a dejar atrás el arquetipo de Estado patrimonialista, entendido como aquel sistema de funcionamiento en el cual el gobernante de turno administra y dispone de los bienes del Estado como si fueran suyos, imponiendo una lógica que favorece y acrecienta negativamente el clientelismo económico y político, y que reduce a las políticas públicas al carácter de meras herramientas formales de obtención de beneficios particulares, nunca generalizables ni aprovechables por la mayor parte de la población.

Este nuevo diseño de modelo gubernativo procuró, por lo tanto, pegar un significativo golpe de timón, sentando sus bases a partir de la construcción de una verdadera burocracia racional, centrada en un cuerpo de agentes estatales netamente técnicos, políticamente neutrales e indiferentes al régimen político de turno, que encuentra en el cumplimiento de las reglas preestablecidas su objetivo principal.

Algunos años después, hacia fines de la década del ochenta y principios de la década del noventa, las concepciones políticas e ideológicas imperantes que tendían a la instauración de un modelo económico neoclásico y de corte netamente liberal, encontraron en las falencias del modelo burocrático (comúnmente llamadas buropatologías) los argumentos y excusas propicias para proponer un cambio de paradigma y bregar, de ese modo, por la conveniencia de garantizar un Estado mínimo, el cual ya no tendría un rol protagónico sino más bien secundario y netamente subsidiario.

Todo ello, entre otras cosas, se puso de manifiesto con la privatización de empresas y sociedades del Estado, que trajo aparejada la consecuente supresión de estructuras, competencias y atribuciones estatales, y con el cambio de cultura y concepción de la función y el empleo público, momento a partir del cual se comenzó a dejar de lado el concepto amplio de “administración” y se incorporó la idea más restringida de “gerencia”.

En esa etapa, el concepto de “burocracia” (galicismo que proviene del término bureaucratie, entendido como “gobierno de oficina”) comenzó a perder velozmente su originaria connotación positiva en tanto “organización regulada por normas que establecen un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que le son propios”, pasando a tomar cada vez mayor protagonismo en la conciencia colectiva de la ciudadanía su significado peyorativo que, segúna la Real Academia Española, la describe como la “administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas”.

De todas formas, lamentablemente, ninguno de estos “nuevos” paradigmas descriptos ha aportado todas las soluciones y beneficios que sus construcciones teóricas preveían como lógica consecuencia de su mera aplicación práctica.

Ninguno de ellos ha apuntado como objetivo primordial a lograr una verdadera organización institucional orientada al desarrollo.

El modelo burocrático racional, reiteradamente, ha perdido de vista la especificidad y transversalidad de lo público, enalteciéndose la idea de la racionalidad instrumental y el apego, muchas veces desmedido, al cumplimiento de deberes formales disociados de las necesidades reales y concretas de la ciudadanía.

Así, se ha desconocido que el verdadero cambio del funcionamiento estatal pasa por el fortalecimiento de sus instituciones y por una resignificación de sus valores, roles, habilidades, competencias y misiones, aspectos que deben sumarse, por cierto, al inevitable y necesario contenido político que las motoriza, orienta y direcciona.

Por su parte, el modelo neoclásico ha procurado tornar más eficientes las organizaciones públicas, soslayando por completo que lo trascendente no es la eficiencia “hacia adentro” de una institución, sino la capacidad del Estado para generar favorables condiciones “hacia afuera” que aseguren una armónica y productiva interacción entre el sector privado, el sector público y las organizaciones intermedias, salvaguardando la cohesión social como saludable factor de equilibrio y equidad.

En ese marco, a partir de lo descripto, es evidente que a esta altura de los acontecimientos el modelo de organización institucional que adopte un Estado es un aspecto central y primordial en su desarrollo económico, político, social y humano. Constituye, ni más ni menos, que el “salto de calidad” que permite a las democracias modernas pasar del simple crecimiento al verdadero desarrollo (Prats i Catalá, 1998).

La nueva matriz de la organización del Estado debe orientarnos a propiciar una asignación cada vez más eficiente y estratégica de competencias y recursos humanos a las estructuras organizativas del Estado, que permita descentralizar potestades decisorias y el manejo de recursos económicos, que incorpore la visión de todos los actores que deben intervenir en la formulación y planificación de políticas públicas, que introduzca el uso de nuevas tecnologías como medio de agilización de sus procedimientos y actividades cotidianas, y que ofrezca a quienes ejercen la función pública posibilidades de formación y el concreto incentivo de una verdadera carrera administrativa.

Por ello, desde Governeo entendemos que ese es el camino adecuado para comenzar a delinear y asegurar un coordinado funcionamiento de la organización estatal, que facilite la fijación de prioridades políticas y la eficiencia y transparencia de las acciones emprendidas; todo ello, sobre la base de la participación democrática y republicana de todos los sectores involucrados en la satisfacción del bien común.

En ese contexto, procuraremos identificar experiencias de gestión que recepten algunos elementos de este nuevo diseño institucional orientado al desarrollo, con la finalidad de asegurar su estudio y difusión, y ensayaremos, en caso que sea necesario, las alternativas superadoras que permitan adaptar dichos esquemas a las particularidades de cada realidad social y cultural concreta.

Centro de Gobierno

En la búsqueda de una respuesta institucional que permita abordar la nueva configuración de los asuntos públicos, que ya no pueden ser abarcados en su totalidad con soluciones verticales clásicas, surge la necesidad de una participación central para brindar coherencia y orientar estratégicamente las acciones del gobierno.

Existe un amplio desarrollo teórico y experiencias concretas, fundamentalmente en países miembros de la OCDE, y un firme y reciente avance en América Latina y el Caribe, en cuanto a la necesidad de implementar los llamados Centros de Gobierno, con el fin de orientar estratégicamente la gestión, coordinar eficazmente las políticas, y dar una imagen de conjunto a la acción de gobierno.

El Centro de Gobierno puede definirse, en un sentido amplio, como la institución o grupo de instituciones que prestan apoyo directo al Poder Ejecutivo en la gestión del gobierno y que, por su posición, cuenta con las condiciones para establecer sus prioridades, aportar soluciones innovadoras, monitorear el desempeño de los ministerios y organismos, y asistir en las mejoras necesarias.

A diferencia de los ministerios y otros organismos tradicionales, las instituciones del Centro de Gobierno no están vinculadas directamente con la prestación de servicios o un área específica de políticas, sino que se ocupan del plano estratégico de la gestión, la coordinación, la evaluación, la mejora general y la comunicación de la acción gubernamental.

Las instituciones que integran el Centro de Gobierno, si bien tienen un componente político fundamental, también requieren amplias capacidades que permiten llevar adelante el monitoreo y seguimiento de los objetivos y estrategias definidos en el máximo nivel político.

Por ello, la herramienta del Centro de Gobierno podría constituir un paso importante para asegurar una gestión estratégica, garantizando la coordinación de las políticas públicas, y mejorando así la calidad de la gestión.

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Mauro Solano (Coordinador)
Magdalena Crisconio
Eray Arce

Elecciones, Sistemas Electorales y Partidos Políticos

Mauro Solano (Coordinador)
Emilio Augusto Raffo
Luciana Caccianini
Matías Arrieta
Luis Raffo
Eduardo Sebastián

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