LA REFORMA POLÍTICA A DOS VELOCIDADES
Por Luis A. Raffo, Coordinador de Sistemas Electorales y Reforma Política de Governeo
Uno de los principales temas de agenda instalados por el propio Gobierno es, sin dudas, la anunciada reforma política. En los últimos meses se han propiciado desde el Gobierno Nacional, diferentes ámbitos de discusión y debate, que sirvieron para “tomar la temperatura” en cuanto a la posición con respecto de este tema, entre los diferentes partidos políticos, sectores académicos, miembros de la Sociedad Civil, e incluso una misión especial de Naciones Unidas. Vale recordar que, a grandes rasgos, los temas que se trataron con mayor profundidad en esos encuentros fueron: modificación del mecanismo de votación, debate presidencial obligatorio, ley de transiciones, modificación del calendario electoral, control del financiamiento, eliminación de colectoras (o adhesiones de boletas), la creación de un organismo electoral independiente, y modificación de las P.A.S.O.
Luego de esto, fue presentado el proyecto de reforma política en el Congreso Nacional, en donde se advirtió que sólo algunos temas estaban incluidos, y otros quedaban para una “futura instancia”.
Haciendo un repaso muy breve de las cuestiones que forman parte de los proyectos de ley ya presentados podemos señalar:
Modificación del mecanismo de votación. Sin dudas uno de los grandes temas de la reforma planteada. Creemos, a priori, que el sistema de voto en papel, tal cual hemos utilizado hasta ahora, amerita algún tipo de cambio que posibilite un desarrollo, sobre todo durante el día de la elección, más ordenado, ágil y que simplifique el escrutinio provisorio. Además, creemos que la introducción de nuevas tecnologías, bien utilizada, podría aportar más eficiencia y rapidez en los procesos aplicados.
Dicho esto, no queremos dejar pasar por alto ciertas cuestiones que nos parecen medulares: lo primero que hay que definir es quién será el proveedor del sistema, es decir si lo hará una empresa privada, o será un desarrollo a cargo del propio Estado (podría ser a través de una Universidad Nacional, por ejemplo). Aquí surge una cuestión que resulta clave, que es el desarrollo y publicación del código fuente. En el caso de ser una empresa privada la encargada del desarrollo, es altamente probable que ese código nunca llegue a conocerse, lo que sí podría ocurrir si se tratara de un desarrollo estatal. Vale destacar que esto cobra relevancia ya que, en definitiva, el código muestra cómo es el funcionamiento, paso por paso, del instrumento de votación. Otra cuestión son los costos del mecanismo que se adopte. Hasta el momento no se conoce, a ciencia cierta, nada del presupuesto que debería incluir: diseño y desarrollo del hardware y software, capacitación de los ciudadanos y los fiscales informáticos (clave para que la implementación sea exitosa), logística, cantidad exacta de urnas que deben incluir las de contingencia, sólo por señalar algunos aspectos.
Además de esto, también se plantea al uso de la B.U.E. como “ecológica” ya que se utiliza mucho menos papel que con el uso de boleta tradicional, lo cual es cierto, pero no debe soslayarse lo siguiente: se calcula que se podrían generar alrededor de 200 toneladas de baterías en desuso cada dos años. Teniendo en cuenta el impacto ambiental que esto podría tener, creemos que es necesario que se planifique y se publique con tiempo cuál será el destino de las baterías utilizadas en este sistema.
Volviendo a la presentación de la reforma política, debemos decir que también se incluyeron las transiciones planificadas y el debate obligatorio. En líneas generales, celebramos que estos temas estén instalados en la mesa de discusión de la ciudadanía en general, y en el Congreso Nacional en particular, ya que hemos estado siguiendo y estudiando estas cuestiones desde hace tiempo. En ambos casos se trata de modificaciones que, sin dudas, aportarán positivamente a la calidad institucional de nuestro país.
Pero aquí es donde debemos señalar el lugar donde el Gobierno decidió aplicar un freno, y bajar la velocidad en la “ambiciosa reforma política”.
Al momento de escribir estas líneas, quedan pendientes la modificación del calendario electoral (que deberá encontrar puntos en común con las legislaciones provinciales), el control del financiamiento, la creación de un organismo electoral independiente, y una potencial modificación de las PA.S.O.
Creemos que en el caso de dejarse estos temas para más adelante, se estaría desaprovechando una gran oportunidad: el consenso generalizado entre los distintos sectores políticos, académicos y de la sociedad civil en el sentido que es necesaria una reforma política, ya lanzada en un año “no-electoral” (lo cual es clave), pero fundamentalmente la necesidad de darle una respuesta a la ciudadanía que se manifestó a favor de cambios en el sistema político de nuestro país, que lo tornen más previsible, transparente y eficaz.
Para finalizar, queremos señalar que esta reforma “a dos velocidades”, podría transformarse en una sola que aproveche el impulso con el que cuenta. Propiciamos entonces que, de mantenerse el criterio político de la reforma “a dos velocidades”, habida cuenta las tareas desarrolladas hasta el presente (consultas a ONGs, partidos políticos, académicos, Naciones Unidas, etc.), se aprovechen estos últimos seis meses del año para la incluir todas las cuestiones que abarca el proceso de reforma política en sentido amplio, y que requieren alguna modificación, aún para ser aplicadas en el futuro de modo gradual.