PENSANDO EL GOBIERNO ABIERTO
Por Julián Lopardo, Director Ejecutivo de Governeo.
Las lecturas vinculadas con la gestión pública, el Estado y sus relaciones con la Sociedad Civil y los mercados, abren continuamente nuestro pensamiento a nuevos paradigmas, algunos pasajeros y otros que logran calar hondo en la cultura de las organizaciones públicas. En este sentido, la concepción en boga sobre las bondades del Gobierno Abierto genera toda clase de reacciones. Desde aquellos que la visualizan como una verdadera filosofía política que todo lo solucionará, mediante un renovado equilibrio entre los actores del juego; hasta aquellos escépticos que lo ven como el último intento del sistema establecido para generar una ilusión participativa, mientras los factores de poder reales nos dominan a través de mecanismos cada vez más sofisticados.
Conviene entonces, antes de endulzarnos demasiado los oídos con la canción del verano, reflexionar colectivamente: ¿para qué el Gobierno Abierto? ¿Sirve realmente a nuestros intereses como ciudadanos? ¿Reporta alguna utilidad a los dirigentes políticos para que adopten sus postulados?
La tríada Estado, Mercado y Sociedad Civil, históricamente ha redefinido sus relaciones y roles en la construcción del bienestar social, desde esquemas donde la dominación estatal avasalló las libertades económicas y civiles, hasta otros donde se intentó suplantar el necesario liderazgo estatal por modelos economicistas para la resolución de las problemáticas sociales.
En el contexto nacional, un Estado en muchos sentidos “refundado” en la historia reciente, que puede rememorar al viejo –y por muchos querido- “Estado de Bienestar”, va redefiniendo características propias, al menos en lo comunicacional, que parecen orientarse progresivamente a la apertura, la colaboración y la transparencia, como forma de nutrirse con las visiones de múltiples sectores sociales, y construir con ellos un vínculo de confianza. Recobrado el liderazgo político y reasumida su función de ejecutor de las políticas sociales, ocupando el centro de la escena pública, intenta articular su funcionamiento a la luz de un nuevo paradigma, el del Gobierno Abierto.
Esta concepción que impulsó a las administraciones públicas a replantear sus relaciones con los ciudadanos, tiende a generar una relación de cooperación entre el gobierno, la sociedad civil y el mercado, fortaleciendo la planificación y el desarrollo de políticas públicas que den respuesta a las demandas ciudadanas y generen las condiciones estructurales para un mejor desempeño del complejo productivo y los mercados de intercambio, con base en los valores de integridad, confiabilidad y credibilidad. Así, se generan dos efectos positivos: por un lado, el mayor compromiso de los sectores interesados que fueron involucrados en el ciclo de las políticas públicas; y, por el otro, un correlativo incremento en la legitimidad democrática de las acciones estatales.
Para que esta colaboración social -eje del Gobierno Abierto- agregue valor, deben trabajarse los cimientos que la tornen viable y deseable, tales como: una ciudadanía con acceso a la cultura e informada por múltiples y heterogéneos medios; una regulación moderna que contemple procedimientos ágiles y variados de cooperación y acceso a la información; la implementación de las TIC’s y la reducción de la brecha digital para la universalización de su acceso; y un cambio de cultura organizacional en la estructura estatal, para tornarla capaz de canalizar, compatibilizar y dar sentido a los aportes relevantes de la Sociedad Civil, con el objetivo final de brindar respuestas concretas.
En esta línea, en la provincia de Buenos Aires existe aún mucho campo fértil por sembrar. Deben mejorarse los canales de interacción con los ciudadanos en pos de incrementar su participación en el ciclo de las políticas públicas y sus aspectos regulatorios; desarrollarse la interoperabilidad de sus bases de datos, con el objetivo de brindar servicios más eficientes y un ágil acceso a la información; simplificarse los procedimientos administrativos para generar una verdadera relación de colaboración con quienes acuden a ella en busca de soluciones; legislarse mecanismos de accountability social; y acercarse a los habitantes de las regiones más alejadas de su capital, mediante una descentralización progresiva para le gestión presencial y la utilización intensiva de las TIC´s.
Profundizando estos mecanismos y diseñando herramientas innovadoras, los ciudadanos podremos realmente participar del ciclo de políticas públicas inclusivas que tiendan al bienestar general. Los factores de la producción podrán aportar su visión sobre las bases estructurales a construir colectivamente para el desarrollo económico. Y los conductores políticos reforzarán su legitimidad mediante el enriquecimiento de sus programas de gobierno con las diferentes visiones sectoriales.
En síntesis, un verdadero –y realmente deseable- Gobierno Abierto, será una piedra fundamental en la construcción de un Estado renovado que, sin eludir la centralidad que le cabe, se abra progresivamente a la Sociedad, como herramienta para fortalecer sus acciones mediante la incorporación de propuestas orientadas a un desarrollo humano, social y económico cada vez más inclusivo.