TARDE O TEMPRANO, ALGUIEN LO VERÁ TODO
Por Julián Lopardo, Director Ejecutivo de Governeo
Transiciones abiertas: hacia un modelo superador
La etapa de ansiedad, inquietud y cavilaciones aparejadas a una transición de gobierno, es una temida realidad a la que se enfrentan los funcionarios renuentes a la apertura de la información en la gestión. Acusaciones y reclamos son también moneda corriente por parte de los nuevos gobernantes electos. Y frente a este cuadro, los electores observan, atónitos e impotentes, cómo sus representantes entrantes y salientes se trenzan en una batalla dialéctica que finalmente hiere la gestión de sus intereses.
La evidencia nos demuestra que la opacidad en el obrar de la administración conlleva siempre una alta dosis de conflictividad, que se hace aún más palpable llegado el momento de una transición de gobierno. ¿Cómo corregir semejante cuadro? No es un interrogante con respuestas simples, pero un abordaje vinculado a la apertura de información, la transparencia y la rendición de cuentas, con la incorporación de actores sociales imparciales, parece el camino a seguir.
La accountability social es un concepto vinculado a la rendición de cuentas en el marco de la ejecución de políticas públicas, entendida como mecanismo de control vertical de las autoridades, efectuado a través del accionar de múltiples asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, y los medios de comunicación. Incorporado al paradigma del Gobierno Abierto, los gobernantes se abren entonces al juicio crítico de los ciudadanos por el ejercicio de sus funciones.
Las herramientas a disposición para llevar esto a la práctica son variadas, pero se destacan principalmente aquellas mediante las cuales se incorpora a la sociedad civil -a través de organizaciones representativas del sector- a los procesos de balance en el ámbito del sector público, mejorando así los índices de confianza y los niveles de eficiencia en el obrar estatal.
En ese contexto, el establecimiento de un mecanismo de memoria de la gestión saliente para ser entregado a la gestión entrante, coordinado y monitoreado por organizaciones no gubernamentales que tengan por objeto contribuir al desarrollo de las capacidades estatales en un ámbito de colaboración y transparencia, puede resultar un remedio adecuado contra las patologías que suelen acompañar los cambios de gobierno, ya que incorpora a una relación que está signada por la rivalidad política a un tercero imparcial que velará por los intereses sociales orientados al pleno ejercicio de la función pública.
El objetivo será lograr una transición planificada, que permita la continuidad en la prestación de servicios públicos esenciales, mediante un procedimiento estructurado en etapas que conste del relevamiento de toda la información necesaria para la nueva gestión; la rendición de cuentas respecto del ejercicio de la función por parte de la administración saliente; el análisis crítico y la evaluación de impacto de los proyectos ejecutados; las fortalezas y debilidades de los cuadros burocráticos disponibles; y hasta cursos de acción a futuro que puedan ser evaluados por los funcionarios recientemente electos.
De esta forma, el siempre traumático momento de crisis que para todo servicio civil acarrea la llegada de una nueva conducción política, se transforma en un proceso de reflexión colectiva y participativa de la evaluación y planificación de la acción de gobierno, que permite la óptima inducción de la nueva gestión en los asuntos gubernamentales, y la traza de los primeros lineamientos estratégicos de su programa de gobierno.
Así, las rivalidades políticas propias de cualquier contienda electoral, dejan lugar a la alternancia democrática ordenada, incorporando a la sociedad civil en este proceso como observador e incluso parte activa en el procesamiento de la información disponible, con el objetivo final de transparentarla y mejorar la gestión de servicios al ciudadano mediante un aprendizaje conjunto.
Es por ello que auspiciamos el establecimiento de procesos regulares de transición gubernamental que incorporen mecanismos de participación ciudadana en línea con las ideas directrices del Gobierno Abierto, de forma tal que podamos trocar conflicto en convivencia, irracionalidad en construcción de conocimiento, y crisis en oportunidad para una renovada gestión pública, más eficiente y valorada por sus únicos beneficiarios, los ciudadanos.