Un Acuerdo Social sobre nuevas Capacidades Estatales

Por Julián Lopardo, Director Ejecutivo de Governeo

Usted supo que gobernar era una tarea dura, mucho más compleja y de naturaleza distinta a la de ganar elecciones (…) Usted vivió la incomprensión entre técnicos y políticos. Usted fue víctima del ideologismo extremo que dividió a sus partidarios y los incapacitó para adoptar una estrategia y una línea táctica que encauzara coherentemente el gobierno.

Carlos Matus, Adiós Señor Presidente.

Varias décadas atrás, Carlos Matus explicaba la necesidad de construir una verdadera ciencia del gobierno. Gobernar, decía, es demasiado complejo para ser abordado con métodos ingenuos de planificación o dejado a la improvisación. Corrían tiempos muy diferentes a los actuales, pero ya se evidenciaba la necesidad de que los países latinoamericanos superen definitivamente la etapa del oscurantismo político.

Hoy, el gobierno eficaz y la creación de valor público están crecientemente asociados al conocimiento y la gestión de la información, dimensiones donde el cambio tecnológico y la abundancia y aceleración de los datos tienen un impacto central que, de no ser correctamente encauzado, puede resultar en mayores inequidades sociales. La detección anticipada de los problemas resulta indispensable para su corrección oportuna, optimizando la aplicación de recursos escasos y minimizando los efectos negativos de ciertos procesos sociales.

La administración pública, por su modelo burocrático racional fundado sobre la estabilidad, las rutinas y la igualdad, puede padecer los cambios acelerados de la sociedad del conocimiento, con sus innovaciones tecnológicas exponenciales. Sin embargo, los Estados no sólo no están condenados a quedar fuera del proceso innovador, sino que han sido gestores en diversos países del mundo de algunas de las transformaciones más disruptivas que se conocen. La gran mayoría de las tecnologías que originaron la revolución digital fueron imaginadas, investigadas, maduradas o financiadas por agencias públicas, entre ellas: la internet y la mayoría de las soluciones tecnológicas que sostienen el funcionamiento de los dispositivos móviles más modernos e inteligentes.

Existen muchos mitos acerca del verdadero rol de los sectores público y privado en el proceso de innovación, casi siempre en perjuicio de las organizaciones públicas a las que no se les ha reconocido debidamente su papel. El sector privado ha sido, por cierto, extremadamente hábil para capturar el valor generado por la revolución tecnológica, pero estuvo ausente en las etapas iniciales de las tecnologías disruptivas, donde el riesgo era más grande (Mazzucato, 2013). Se socializaron los riesgos (y las pérdidas económicas) de la investigación de punta, realizada o financiada por organizaciones públicas, mientras que se privatizaron los abundantes beneficios económicos derivados de esa investigación

Esto puede repensarse. Las organizaciones estatales, por su estabilidad y capacidad de organizar la cooperación social a gran escala y largo plazo, deben mantener su presencia en las fronteras de la investigación, pero también necesitan construir la inteligencia institucional que les permita gobernar el sistema que ayudan a gestar, y capturar, para beneficio de toda la sociedad, una porción mayor de la riqueza que las investigaciones que financia colaboran a crear. Esto fortalecerá, además, la sostenibilidad del ciclo de la innovación, que suele quedar en riesgo ante la proliferación de políticas de austeridad que afectan al financiamiento estatal mientras la riqueza se concentra en grandes corporaciones tecnológicas privadas (Piketty, 2015; Stiglitz, 2020)

Diversas administraciones se sucedieron en nuestro país ondeando la bandera de la innovación en el Sector Público. Sin embargo, la ausencia de buena información, de una adecuada planificación y, en ciertos casos, de la idoneidad y el conocimiento profundo que requiere la compleja función estatal, hicieron insostenibles tales procesos. No se puede innovar sobre lo que se desconoce. La innovación no es un hito refundacional, sino un proceso de mejora progresiva de las capacidades en el marco de políticas consistentes y basadas en evidencia.

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