El federalismo fiscal se mantiene en el centro de la agenda pública
Con el tratamiento del proyecto de ley que aprueba el Consenso Fiscal 2020 se reiniciaron las sesiones extraordinarias en la Cámara de Senadores de la Nación. Firmaron todas las provincias excepto San Luis y la CABA, que no participaron del acuerdo.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación se reunió esta mañana, lo que marcará el inicio para el tratamiento del proyecto de ley que aprueba el consenso fiscal suscripto por el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de todas las provincias argentinas, con excepción de San Luis y la CABA.
Según se deprende del proyecto, la génesis del acuerdo estuvo dada por las consecuencias económicas negativas derivadas de la emergencia declarada con motivo de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante la aparición del COVID-19, y la consecuente necesidad de contar con recursos fiscales para la atención de una creciente demanda social que permita contener a los sectores más vulnerables de la población.
El Consenso se estructuró sobre dos ejes: compromisos comunes asumidos en materia de administración tributaria nacional; y compromisos asumidos por las provincias en materia tributaria provincial, endeudamiento responsable, y procesos judiciales.
Entre los de carácter tributario llama la atención la reafirmación de que la reasignación de recursos en el marco de la transferencia de competencias, servicios o funciones previstas en el párrafo quinto del inciso 2 del artículo 75 de la CN no se implementa mediante el esquema de distribución de fondos previsto en la Ley N° 23.548.
Y en materia de procesos judiciales la suspensión por un año de los juicios iniciados o a iniciarse con origen en controversias que involucran el federalismo fiscal, salvo sentencia firme o al solo efecto de interrumpir la prescripción, al considerarse imperioso reducir el nivel de litigiosidad existente.
Sin dudas esto explica la ausencia de la CABA en un acuerdo de tal envergadura, pues durante el 2020 inició un causa judicial contra el Estado Nacional con radicación originaria ante la Corte Suprema de la Nación, cuestionando, primero, el Decreto Nº 735/20 de Fortalecimiento Fiscal de la PBA, y luego, la Ley Nacional Nº 27606 por el que se aprobó el “Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en Todas las Materias No Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Esa decisión llevó a que la Legislatura porteña sancionara a fines del año 2020 la Ley Nº 6383, mediante la cual se “denuncia” a partir del ejercicio fiscal 2021 el “Consenso Fiscal 2017”, para permitirse de ese modo realizar las modificaciones tributarias necesarias para hacer frente a sus necesidades económicas.
En ese marco, tanto la reafirmación de que la remisión de fondos por transferencia de servicios no se implementa por Ley de Coparticipación, como la denuncia del Consenso Fiscal 2017, pueden tener distinta incidencia sobre las argumentaciones esgrimidas por ambas partes en la controversia judicial en trámite.
Finalmente, en el caso de San Luis, según fuentes periodísticas la ausencia se habría originado en “compromisos contraídos con anterioridad”, aunque no hay que dejar de mencionar las numerosas causas judiciales que mantiene contra el Estado Nacional.
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Podés ver aquí una publicación previa relacionada con la transferencia de funciones de seguridad a CABA.
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La reunión fue transmitida por el canal Oficial del Honorable del Senado de la Nación Argentina.