Novedades normativas en materia medioambiental

Se publicó en el Boletín Oficial la «Ley Yolanda» destinada a fortalecer la tutela del medio ambiente.

En el mes de diciembre se publicó en el Boletín Oficial de la República una norma de considerable relevancia, que viene a integrar y fortalecer el plexo vigente orientado a hacer efectiva la tutela del medio ambiente, a la luz de lo previsto en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales que normalizan la materia.

Se trata de la Ley Nº 27.592, promulgada por Decreto Nº 992/20, que establece la capacitación obligatoria en la temática de ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación (art. 1º). La flamante norma contiene disposiciones tendientes a hacer efectiva su ejecución (contenidos mínimos, responsabilidades, intimaciones y sanciones por incumplimiento) y prevé expresamente la participación de instituciones científicas especializadas en la materia, así como de la sociedad civil y sus organizaciones.

En línea con un antecedente de similares características (Ley Nº 27.499 de Capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres), la ley comentada homenajea con su denominación, en este caso, a la Doctora Yolanda Ortiz, quien ejerciera un distinguido liderazgo y una destacada labor en el abordaje de la temática en cuestión.

Augurando la pronta adhesión de las demás jurisdicciones (se advierte, en ese sentido, que nuestra provincia ya cuenta con tres proyectos presentados en las últimas semanas), se destaca, una vez más, haber considerado y apreciado a las actividades de sensibilización y de capacitación -en este caso, obligatorias- como herramientas idóneas para iniciar y/o profundizar, en los y las agentes de los tres poderes, la concientización y el saber acerca de temáticas de relevancia institucional y socio-cultural; reconociendo el destacado rol que ese personal desempeña en la observancia y el cumplimiento de ciertos compromisos asumidos por el Estado a nivel internacional, y con la ciudadanía en su conjunto.

Cabe destacar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó su propia legislación, que lleva el número 6380 y fue publicada en el Boletín Oficial el 30 de diciembre del 2020. A diferencia de la norma nacional, en su articulado se establece que la obligatoriedad de la capacitación y formación integral alcanza a los y las funcionarias de los tres poderes de la Ciudad y, asimismo, que entre los contenidos mínimos programáticos deberá contemplarse información referida al impacto ambiental de las políticas públicas y a la gestión de residuos.