REFORMA ELECTORAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ¿NECESIDAD URGENTE O URGENCIA NECESARIA?

Equipo de Sistemas Electorales y Reforma Política de Governeo

La alternancia prevista en nuestro sistema político supone que todo nuevo gobierno proponga una agenda de temas que definen sus objetivos estratégicos, tanto en materia de políticas públicas, como en lo que hace a los dispositivos institucionales. En este último espacio encontramos que se ha reabierto una discusión en torno a la modificación de ciertas características del Sistema Electoral de la provincia de Buenos Aires. Creemos que la necesidad es real, pero no así el apremio, lo que nos obliga a plantear algunas consideraciones al respecto.

En los últimos días se han divulgado temas referidos a la eliminación o reducción de lo que comúnmente se denomina “reelección indefinida” de legisladores e intendentes, la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos electorales, y la ampliación de la cuota de género, entre otros.

Una primera observación sugiere que la discusión acerca de la limitación de las reelecciones podría alcanzar también a Concejales y Consejeros Escolares, debiendo contemplar todas las consecuencias, positivas y negativas, de una decisión que quizá para determinados cargos pueda tener ciertos efectos que no resulten en idéntico sentido para otros. Por ejemplo, y más allá de mantener como punto de partida al respeto de la voluntad popular por encima de toda otra consideración, no debería dejarse de lado el análisis del impacto sobre los incentivos en las carreras políticas que podrían afectar la profesionalización de ciertos cargos, y una consecuente reducción en la calidad de determinadas instituciones (legislaturas, concejos deliberantes, etc.).

Respecto de la incorporación de nuevas tecnologías consideramos que, si bien han tenido una enorme evolución en los últimos años, su atractivo inicial no debería hacernos perder de vista que también hay cuestiones de fondo y de logística para discutir. ¿Cuáles son las ventajas de un sistema electrónico de votación sobre el sistema actual? ¿Qué sistema electrónico es conveniente y seguro: Urna Electrónica o Boleta Única Electrónica? Entre sus extensas variantes, ¿cuál se aplicará? ¿Quién será el proveedor del sistema informático? ¿Será posible abastecer en simultáneo a las 36.091 mesas (sumadas las de nativos y extranjeros) de la Provincia, o deberá organizarse por etapas? ¿Existe la infraestructura para el correcto funcionamiento de los sistemas electrónicos? ¿Se cuenta con la logística y presupuesto requerido para desplegar los eventuales sistemas electrónicos de votación en todo el territorio provincial?
Entendemos que estos temas, y muchos más, requieren de un análisis exhaustivo y profesional tendiente a optimizar el esfuerzo inicial del gobierno entrante.

Por todo ello, desde Governeo celebramos el momento de debate y diálogo que se inicia en materia electoral, y creemos que es propicia la oportunidad para extender el análisis y discutir una adecuación y modernización de la Ley Electoral N° 5.109, sancionada en el año 1946, como así también del Estatuto de Partidos Políticos, que data del año 1982. En ocasiones, ambos documentos han sido objeto de reformas parciales, cuya efectividad se torna dudosa en la realidad sociopolítica actual.

A modo de ejemplo, creemos conveniente señalar que uno de los cambios normativos que se está evaluando introducir, estaría en contradicción con la realidad política provincial. Es el caso de la cuota de género en las listas. El Art. 32 de la Ley N° 5.109 (incorporado por Ley N° 11.733 a un capítulo derogado de la norma citada), establece un mínimo del 30% respecto de la participación de cada sexo. Elevar dicho porcentaje al 50%, como al parecer se estaría analizando, provocaría un problema fáctico que hoy, por ejemplo, evidencian las listas para Consejeros Escolares. Desde la introducción de la cuota de género del 30%, los partidos políticos solicitan la excepción del cumplimiento en dicha categoría ya que los Consejos Escolares están formados, en su gran mayoría, por mujeres, no pudiendo alcanzarse un 30% de participación masculina. Teniendo en cuenta esto, cabe preguntarse: ¿es posible obligar normativamente a cumplir una cuota de género del 50%, cuando en la realidad no puede cumplirse un mínimo de 30%? En caso de implementarse la propuesta, ¿la categoría de Consejeros Escolares quedaría exceptuada? Al momento de evaluar el impacto que tendrá en las restantes categorías, ¿se tiene en cuenta la cantidad de candidatos que “caen de oficio” por incumplimiento del cupo del 30%?

Por otro lado, también se destaca el estudio pendiente que recae sobre la provincia de Buenos Aires respecto de la actual división de distritos electorales, su magnitud y representación. Un análisis pormenorizado y técnico-profesional es esencial a fin de evaluar si, en efecto, existe o no la necesidad de efectuar una eventual reforma.

Asimismo, también evaluamos positivamente la repercusión que generará que, como lo ha venido haciendo la provincia de Buenos Aires, las demás provincias se unan a la simultaneidad de las elecciones. En el período electoral es necesario ahorrar recursos y energías a los efectos de concentrar esfuerzos en la implementación de transiciones pacíficas, ordenadas y transparentes. El desgaste generado por prolongadas campañas electorales obstaculiza dicho proceso.

Atentos a todas estas demandas sociopolíticas vigentes, instituimos en Governeo un área de discusión y análisis de cuestiones referentes a la temática electoral. Nuestro espíritu de colaboración con la reforma electoral que sobrevendrá es pleno y, en razón de todo lo expuesto, es que consideramos oportuna la creación de un Instituto Electoral provincial, a fin de contar con un espacio de estudio y debate “extra poder” que permita una discusión profunda a los efectos de introducir reformas y resolver conflictos en períodos no electorales, evitando una superposición con el proceso electoral. Debería estar integrado por representantes de todos los sectores, respetando el nivel de especialización que en materia electoral se requiere, con una agenda estratégica inclusiva, procesos de debate estructurados, y plazos de resolución pautados.

El sistema democrático nos brindó este año, y una vez más, la satisfacción de presenciar un proceso electoral consolidado. Sin embargo, la democracia no se agota en el proceso electoral, que culmina con la entrega de diplomas a los candidatos electos. Es necesario continuar avanzando en el perfeccionamiento de los procedimientos y las leyes, y es en este punto donde desde Governeo pretendemos avanzar, desde una visión profesional, pero también real.