REFORMA POLÍTICA: HABLEMOS TAMBIÉN DE FINANCIAMIENTO

Por Luis A. Raffo, Coordinador de Sistemas Electorales y Reforma Política de Governeo

Uno de los temas de debate de la promocionada reforma electoral ha sido la cuestión del financiamiento de los partidos políticos. En los últimos días circularon por diferentes medios algunos trascendidos afirmando que el proyecto de ley de reforma política que presentaría el Gobierno Nacional incluiría entre sus aristas: boleta única electrónica; unificación del calendario electoral; debate obligatorio; y un marco legal para avanzar con las transiciones ordenadas. Se dejaría de lado entonces una cuestión clave: el financiamiento de las diferentes fuerzas políticas.

Si finalmente esto ocurriera, consideramos que se estaría desaprovechando una oportunidad casi irrepetible para lograr un verdadero avance en materia de calidad y transparencia democrática.

Vale destacar que los partidos políticos son “instituciones fundamentales del sistema democrático”, tal cual lo establece el artículo 38 de la Constitución Nacional, y 59 ap. 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Estas normas sostienen, además, que los partidos políticos “deberán dar publicidad del origen y destino de los fondos”. Atento ello, creemos que es imperioso contar con un sistema de financiamiento que ilumine los movimientos de fondos de partidos políticos durante su vida democrática, y fundamentalmente en las campañas electorales. Las sospechas acerca de la eventual circulación de dinero en efectivo, muchas veces de dudoso o cuestionable origen, a través de donaciones que no son fácilmente justificadas por las fuerzas políticas, deben ser desterradas de la vida democrática de nuestro país, a partir del logro de mayores niveles de transparencia.

En este sentido, si bien a nivel nacional existe normativa al respecto (Ley 26.215), sería posible profundizar los controles y transparentar la información para que la ciudadanía incremente la confianza en el sistema de partidos políticos. Entre otros temas, podemos citar brevemente: la progresiva bancarización de los aportes, la rendición de cuentas en tiempo y forma, la justificación del patrimonio de los partidos y/o de sus dirigentes, el posible control por parte de los partidos de la situación patrimonial de sus candidatos, la rendición de cuentas con respecto al destino del financiamiento aportado por el Estado, etc.

Por otro lado, es de suma importancia considerar que la citada ley hace referencia a los aportes del Estado para la impresión de boletas. Corresponde entonces hacer notar que esto podría quedar desactualizado en caso de aprobarse modificaciones en el mecanismo de votación (voto electrónico mediante sistema de urnas electrónicas, o boletas únicas electrónicas) que reemplazarían a las tradicionales boletas en papel.

Ahora bien, analizando lo que sucede en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, claramente podemos afirmar que todo está por hacerse. Por ello insistimos en que es necesario aprobar una ley que regule y controle el financiamiento a los partidos políticos.

Además de no contar con una ley de financiamiento, en la provincia de Buenos Aires tampoco se cumple con cuestiones normativas ya vigentes, como lo establecido en el Artículo 53 del Decreto-Ley 9889/82. En el mismo se hace referencia a un “Fondo Partidario Permanente” que financie a las fuerzas políticas reconocidas contribuyendo a facilitarles sus “funciones institucionales”. En este punto es importante destacar que el Fondo arriba citado nunca se implementó, lo que dejó en una “zona gris” al tema del financiamiento partidario. En este punto, vale recordar que en la Ley N° 14.086 (de elecciones primarias), su artículo 17 establece que el Poder Ejecutivo afronta el costo de impresión de las boletas para todas las líneas internas oficializadas. Nuevamente, vale destacar que este único aporte en dinero quedaría sin efecto en el caso de aprobarse el reemplazo del voto en papel en nuestra Provincia.

Teniendo en cuenta lo expuesto, nos formulamos las siguientes preguntas ¿cómo se financian las fuerzas políticas a nivel Provincial? ¿El Estado hace aportes? ¿Controla los movimientos de fondos? ¿Existen subdeclaraciones de fondos? Si el control se lleva adelante ¿hay sanciones para los que no cumplen con la información? ¿Es posible que se trate de fondos “no declarados”? ¿Debería entonces aprobarse una Ley que regule el financiamiento?

Lamentablemente, numerosos estudios dan cuenta de la poca confianza que tiene la ciudadanía en los partidos, y el gran desprestigio que la política tiene como actividad en general. No obstante, afortunadamente ello contrasta con la alta valoración que se tiene acerca de la democracia como forma de gobierno. Hay entonces una enorme oportunidad para trabajar en la mejora del sistema y el comportamiento de sus principales actores, y en gran medida un esquema normativo que regule el financiamiento en sus diferentes aristas, así como la disponibilidad de información sobre el origen y gasto de los fondos destinados a las campañas políticas, contribuirán decididamente con la construcción de democracias de mayor calidad.

Finalmente, consideramos entonces necesario que, tanto a nivel nacional como provincial, se profundicen los controles sobre el financiamiento de las fuerzas que compiten en la arena política, toda vez que ello será un gran aporte para fortalecer la piedra angular de todo sistema democrático: sus partidos políticos.