VOLVER A LO QUE TENEMOS PARA PROYECTAR SOBRE LO QUE NOS FALTA

Por Eugenia Cardelli

El nuevo equipo de conducción que, desde hace poco más de cien días, se encuentra al frente del Poder Ejecutivo provincial, ha hecho público su objetivo de hacer que la Provincia “se ponga de pie”, subrayando la existencia de un contexto situacional que presenta inconvenientes de naturaleza económica-financiera que resulta necesario superar.

Frente a ese panorama, así como la búsqueda de inversiones fue exhibida por las autoridades provinciales como un medio para la generación de empleo, también se advierte que la participación privada en el desarrollo de la infraestructura productiva y social, recurriendo a iniciativas basadas en la idea de la colaboración público-privada, podría erigirse en un mecanismo interesante para alcanzar dicha meta.

Tal postulado asociativo parece haber sido receptado por los legisladores provinciales quienes, en el preludio de la actual gestión de gobierno, sancionaron la ley que lleva el número 14.803 (modificada por su similar Nº 14.805), disponiendo, como una de las funciones esenciales de los Ministros Secretarios del Poder Ejecutivo, la de “promover y fortalecer la iniciativa privada en función del bien común a través de la coordinación de las funciones y acciones de sus organismos dependientes y las de éstos con las del ámbito privado” (artículo 10, apartado b]).

Cabe destacar, al respecto, que mediante la Ley Nº 13.810 (B.O. 29/07/2010, reglamentada por Decreto N° 372/10) la Provincia había adherido, hace ya algunos años atrás, a los regímenes nacionales de Iniciativa Privada y de Asociación Público Privada, aprobados por Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nº 966/05 y Nº 967/05, respectivamente. En esa oportunidad, se consideró relevante y necesario (conforme los fundamentos de la propia norma) que “el capital privado acompañe y participe del esfuerzo del gobierno, dando un marco legal propicio para afianzar los programas de inversión pública, a través de la integración más estrecha de los sectores público y privado”.

Ahora bien, de un análisis preliminar de los esquemas en vigor surge que está prevista su aplicación a proyectos de infraestructura, obras públicas, concesión de obras públicas, concesión de servicios públicos, licencias y/o cualquier otra modalidad.

Sin dudas, la realidad actual nos obliga a repensar sino es el momento propicio de evaluar la posibilidad de extender la aplicación de esos mecanismos a una gama más amplia de actividades de interés público, con la finalidad de promover el bienestar general. Ello supondría incluir en los marcos normativos provinciales, como acontece en otros países de Latinoamérica, tales como Perú o México, emprendimientos públicos de interés social relacionados, por ejemplo, con la salud y el ambiente, así como también con proyectos de investigación aplicada y/o de innovación tecnológica, entre otros.

Por otra parte, cabría repensar, igualmente, el abordaje de los regímenes que nos ocupan desde una perspectiva de mayor aptitud y eficacia y, en ese marco, atender al tratamiento de ciertos puntos considerados trascendentes a la hora de promover la participación del sector privado y potenciar sus inversiones en asignaturas de interés público.

La simplificación y/o agilización de los procedimientos existentes, la revisión de la ausencia de garantías que correspondería brindar el Estado para el cumplimiento de los compromisos asumidos al amparo de los regímenes estudiados, más un atrayente y estimulante régimen de incentivos a la participación de los potenciales interesados, podrían resultar aspectos fundamentales para asegurar el éxito de estas herramientas.

En conclusión, la propuesta de acudir a mecanismos de participación privada para la consecución de los fines públicos, implicaría analizar, y en su caso reconfigurar y fortalecer, el complejo normativo vigente, con el objetivo de establecer regímenes más amplios, auspiciosos y efectivos. Mientras tanto, será tiempo de comenzar a desarrollar y diseñar una visión estratégica en estos aspectos, máxime si se tiene en cuenta el potencial impacto que, en materia de desarrollo de infraestructura, podría acarrear el resultado de las gestiones del gobierno nacional tendientes a normalizar el perfil de la deuda pública.