¿Es factible dictar normas escritas en lenguaje de programación?
Hace varios años que existen a nivel mundial distintas iniciativas tendientes a escribir en código las regulaciones que dictan los órganos de gobierno. Entre sus objetivos principales está lograr un mejor alineamiento entre la intención de las normas y su implementación, y alcanzar una mayor y mejor acceso por parte de la ciudadanía. Sin embargo, los desafíos son muchos y todavía falta camino por recorrer.
La idea no es nueva, pero ha tomado impulso en los últimos años. Regular y programar, dos actividades que en principio tienen campo de acción diferentes, han sido unidas por un movimiento de personas e instituciones que en distintos puntos del planeta trabajan para transformar el proceso que involucra el dictado de normas. Y esta tarea tiene un nombre: “Rule as Code”, también conocido como “RaC” tomando las siglas de su denominación en inglés. Un movimiento que hunde raíces en lo que se denomina Computacional Law.
Sin embargo, no existe aún consenso acerca del significado del término. Un estudio reciente de la OCDE considera que en sentido amplio Rule as Code se trata de un output, es decir, de una versión de las normas (leyes, decretos, resoluciones, etc) escritas en código para ser entendidas y usadas por una computadora. Para Tim de Souza, un reconocido experto en esta materia, es mejor preguntarse qué es lo que queremos lograr. Según el mencionado experto, se trata de una herramienta para alcanzar mejores y más transparentes decisiones, obtener más accesibles y eficientes servicios, y contar con sistemas más confiables, y, además, de una mayor facilidad y comprensión en la aplicación de las normas.
Cualquiera que se aproxime al tema encuentra muchas preguntas, pero no todas las respuestas son definitivas teniendo en cuenta el estado embrionario del tema: ¿Cualquier norma puede ser escrita en código? ¿Debe serlo de manera concomitante o posterior a la creación de la norma? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué herramientas pueden utilizarse? ¿Quién debe hacerlo? Sin ánimo de agotar las respuestas a tales interrogantes ensayaremos algunos conceptos para que nuestros lectores puedan formarse una idea lo más acabada posible de los distintos aspectos formales y técnicos vinculados a esta novedosa temática.
En ese sentido, digamos que en principio no todas las normas serían pasibles de ser escritas en lenguaje de programación. La posición mayoritaria es que las denominadas normas prescriptivas son las más indicadas por su estructura similar a la lógica de programación, ser menos ambiguas y no necesitar una actividad de interpretación. Ello sumado a la circunstancia de que por alcanzar en su mayoría un gran número de destinatarios estaría justificada su elaboración, habida cuenta que en el estado actual de la tecnología este tipo de tareas de programación siguen siendo “costosas” en términos de implementación.
En cuanto al momento más propicio, hacerlo de manera concomitante a la creación de la norma tendría muchas ventajas, mejorando la calidad, estructura y estilo de los contenidos, al concebir a la norma como un producto con destino digital desde su concepción. Antes de emprender la tarea de elaborar una norma son muchos los interrogantes que se formulan, pero durante su redacción algunas veces quedan de lado y las respuestas casi nunca logran ser objeto de comprobación. La necesidad de analizar los conceptos y sus relaciones lógicas sumado a la posibilidad de “testear” escenarios hipotéticos de implementación de la norma, abre grandes posibilidades y puede ayudar a evitar modificaciones y aclaraciones ulteriores.
Las herramientas disponibles son diversas y existe una tendencia a la creación de lenguajes de programación específicos para el ámbito del Derecho. Las hay de código abierto y disponibles para su uso, como Blawx, s(CAPS), Catala y Xalgorithms, e incluso algunos repositorios que proveen de templates para quien quiera empezar a programar normas en código. Entre las de formato propietario se destaca el caso de Datalex, que aspira incluso a lograr traducir automáticamente una norma escrita en lenguaje natural, asegurando haber logrado una efectividad que ronda entre el 50% y el 80%.
Finalmente, hay que decir que si bien desde hace tiempo el sector privado -conocido como Regtech- se encarga de elaborar sistemas que contienen las disposiciones normativas en áreas tales como la liquidación de impuestos, el desafío que presenta el “RaC” es la aspiración a que sea el Estado mismo quien se encargue de codificar las normas para luego ponerlas a disposición de los usuarios. Esto significa un salto cualitativo tendiente a generar, además de las ventajas antes señaladas, una mayor seguridad jurídica al aportar confianza en cuanto a que el sistema refleja sin distorsiones lo que la norma regula, asegurando una actualización automática y permanente de sus modificaciones posteriores.
Lo interesante de todo esto es que quizás estemos frente a la solución de algunos de los problemas que tiene el proceso de creación e implementación de normas, y sea posible revertir muchas de las creencias y valoraciones -cada vez más negativas- que la sociedad tiene sobre esta labor y quiénes la realizan. Además de acercar y hacer más accesibles las normas a los ciudadanos, quienes de esta forma podrán conocer y entender sus derechos y obligaciones, como así también las ayudas y/o beneficios que se encuentran disponibles. Para dar algunos ejemplos, a través de una interfaz y con solo responder una serie de preguntas cualquier ciudadano podría saber en tan solo algunos minutos si reúne los requisitos para acceder a los beneficios de la protección social que otorga el Estado; o si está en condiciones de postularse para un cargo público electivo, como ilustran estos sitios web públicos y privados donde hay casos de aplicaciones prácticas funcionando.
Desde la propia OCDE se plantea que los Gobiernos quizás hayan pasado mucho tiempo intentando mejorar su proceso de creación de normas con iniciativas tales como la “simplificación administrativa”, “desburocratización”, o “evaluaciones de impacto regulatoria” -entre otras tantas- cuyas limitaciones y fracasos imponen una profunda y elaborada respuesta superadora. En ese orden de ideas, se sostiene que no se trata de una herramienta más, sino que el estado digital del futuro debería ser capaz de elaborar sus normas en un lenguaje consumible por las computadoras de manera concomitante a su elaboración en lenguaje natural, y estar accesible a través de mecanismos como una API o librerías.
Sin dudas, se trata de un gran desafío y la participación de un grupo interdisciplinar resulta fundamental para emprender la tarea que hay por delante. ¿Crees en la utilidad y factibilidad del movimiento Rule as Code (RaC)? ¿Te parece que desde Argentina podemos sumarnos a esta iniciativa que está avanzada en países como Australia, Canadá, Francia, o Nueva Zelanda? Son preguntas que nos realizamos desde el área de proyectos de Governeo. Por eso, si sos programador/a, ingeniero/a en sistemas, abogado/a, lingüista, o estás estudiando esas u otras profesiones anexas y te interesa saber más y explorar las probabilidades de uso, escribinos a info@governeo.org para sumarte a esta iniciativa. Y si tenés algún conocido o amigo que le pueda interesar compartí esta nota a través de las redes sociales.